Declaración de la Alianza por la Justicia Climática
La Alianza por la Justicia Climática, que agrupa a múltiples organizaciones socio-ambientales chilenas, con ocasión del primer mensaje presidencial de Sebastián Piñera, manifiesta:
El discurso confirma la línea de apego del nuevo gobierno al sistema neoliberal, favoreciendo los grandes emprendimientos por parte de los grupos económicos y multinacionales. Esto queda muy claro en el primer eje de gobierno, centrado en el mega-objetivo del crecimiento económico, para llegar a ser en 8 años un país “desarrollado”, con un ingreso per cápita de US$22 mil al año.
¿A qué costo social y ambiental?
Las condiciones de respeto por las comunidades y la naturaleza en los grandes proyectos mineros y energéticos aparecen como afirmaciones de buena crianza, sin ninguna referencia a los instrumentos o normativas concretas que llevarían a cambiar la situación de abuso que ha dominado hasta ahora. Del mismo modo, la insistencia en el objetivo de “Chile potencia alimentaria” basado en la agroindustria contradice la enunciada defensa del campesinado y los pequeños productores agrícolas.
Celebramos la meta gubernamental de contar en 2020 con un 20% de energía renovable no convencional en la matriz chilena. Sin embargo, nos preocupa que se busque conseguir este objetivo siguiendo el esquema actual de concentración corporativa y mega-generación, creemos que esta meta debiera alcanzarse mediante un esquema de generación distribuída a pequeña escala, bajo el control comunitario y mediante sistemas técnico-financieros que permitan a los hogares, empresas y comunidades transar con la red el superávit de la energía autogenerada.
Aunque nuestro país tiene una baja responsabilidad relativa en la crisis climática, y se encuentra entre los acreedores de la deuda climática que pesa sobre los países industrializados, creemos que el Estado chileno debe tomar medidas drásticas para corregir el rumbo de un desarrollo que reproduce los patrones socio-ambientales de aquellos países, y frenar el aumento descontrolado de gases de efecto invernadero que ha exhibido Chile durante los últimos años.
Durante estos tres primeros meses hemos visto con preocupación la postergación de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad ambiental, gestada por el anterior gobierno, y el remarcado anuncio de la Ministra de Medio Ambiente sobre la puesta en marcha de mecanismos de mercado para la gestión y regulación del tema medioambiental.
Asimismo, se han tomado decisiones de rebajar las restricciones de autos catalíticos en la ya debilitida gestión de eventos críticos de contaminación en Santiago, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la ciudad.
Entre las medidas pendientes para transitar hacia una sociedad más sustentable y baja en carbono, están:
Regulación y progresivo abandono de la generación termoeléctrica. Para esto es urgente reponer la tramitación de una norma de emisión para centrales termoeléctricas, que regule los principales contaminantes en las plantas existentes. Como una señal clara de rechazo a esta forma de energía, demandamos la moratoria de la termoelectricidad en Chile.
Freno de la expansión horizontal de Santiago y las principales ciudades de Chile, junto con el desintentivo al uso del automóvil particular, principales factores de emisión de contaminantes atmosféricos locales y globales en las ciudades, así como de vulnerabilidad urbana frente al cambio climático.
La nacionalización y el reconocimiento del derecho humano al agua, y una ley para la protección legal y efectiva de los glaciares en territorio chileno, las principales fuentes de agua dulce para ciudades, comunidades rurales y ecosistemas del país.
Promover la soberanía alimentaria, mediante el reimpulso de la agricultura campesina, la producción agrícola para consumo interno y la protección de las semillas nativas en manos de las comunidades.
En el actual contexto post-terremoto-tsunami, estamos convencidos que la re-construcción plantea la oportunidad y la necesidad de introducir políticas y soluciones social y ambientalmente sustentables, en materia de planificación territorial, vivienda, infraestructura, alimentación, transporte, agua, energía, etc. y también en cuanto a organización y control social, creando condiciones que reduzcan la vulnerabilidad y aumenten la resiliencia de las ciudades y comunidades ante nuevas manifestaciones naturales y frente a impactos ambientales locales y el cambio climático.
En cuanto a las negociaciones sobre cambio climático, Chile debe asumir su calidad de país acreedor y sumarse a las exigencias de una reducción drástica de emisiones de GEI por parte de los países industrializados, responsables históricos del cambio climático, y transferencias financieras y tecnológicas para la transición de los países del sur global hacia economías descarbonizadas. En este sentido, creemos que nuestro Gobierno debe retirar su firma del llamado “Acuerdo de Copenhague”, impuesto de manera abusiva y poco transparente por las grandes potencias, fuera del espacio legítimo y democrático de las Naciones Unidas.
En general, es necesario implementar medidas reales que pongan en práctica el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, para que este deje de ser una mera declaración de buenas intenciones y dé cuenta de la gran vulnerabilidad y creciente responsabilidad de nuestro país, en el marco de una crisis planetaria sin precedentes.
Santiago, 24 de mayo de 2010
La Alianza por la Justicia Climática está conformada por Acción Ecológica, Acción por la Tierra Chile, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, Chile Sustentable, CODEFF – Amigos de la Tierra Chile, Defensores del Bosque Chileno, EcoUchile (estudiantes U. de Chile), Fiscalía del Medio Ambiente- FIMA, Observatorio Ciudadano, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Red de Jóvenes Investigadores ante el Cambio Climático, Recicla UC (estudiantes UC) y la Red de Defensa de la Precordillera de Santiago.
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